Ante esta situación, el funcionario propuso la creación de una Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional para hacer frente a este delito que afecta no solo a las instituciones penitenciarias sino también a la sociedad en general.
El Ministro señaló que las medidas existentes, como el uso de inhibidores de señal para bloquear llamadas desde cárceles, no han arrojado los resultados esperados. Estos inhibidores, diseñados para combatir la extorsión carcelaria, han demostrado afectar a los residentes cercanos, generando la necesidad de explorar enfoques más efectivos y focalizados.
En su respuesta a la Procuraduría, destacó los esfuerzos continuos de las autoridades para controlar la extorsión carcelaria, incluyendo la identificación y traslado de 30 instigadores de este delito. Sin embargo, la Procuraduría expresó su preocupación por el aumento constante de la extorsión, citando un caso emblemático en Tuluá, donde la banda ‘La Inmaculada’ extorsiona a comerciantes locales.
La situación se agrava con el fenómeno de la extorsión digital, que representa el 41 por ciento de los delitos desde cárceles. La Procuraduría dirigió sus observaciones a los ministros de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Justicia, Defensa, así como al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Se ha solicitado al Gobierno Nacional que tome medidas concretas para abordar este fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto.
Ante este escenario, el Ministro de TIC, Mauricio Lizcano; el Ministro de Justicia, Néstor Osuna; el Ministro de Defensa, Iván Velásquez; y el INPEC, han sido llamados a colaborar estrechamente en la búsqueda de soluciones efectivas y coordinadas para frenar la creciente ola de extorsiones carcelarias, tanto físicas como digitales, que amenazan la seguridad y estabilidad del país.