En una comisión especial convocada por la Procuradora General de la Nación en el municipio de Tuluá, se reunieron gremios, alcaldes, líderes sociales, autoridades departamentales y municipales, entre otros, para abordar las problemáticas más relevantes que requieren intervenciones para su solución.

La alta tasa de deserción escolar fue destacada, revelándose que, entre los años 2020 y 2024, más de 6000 niños abandonaron las instituciones educativas.

https://youtu.be/MZoEq9jlpHQ

El procurador delegado de la defensa de los derechos humanos señaló que los niños que abandonaron el sistema educativo «se están dedicando a otras actividades que pueden ser incentivadas por parte de grupos armados ilegales o que pueden ser reclutados por disidencias».

Por otro lado, se abordaron las irregularidades presentes en la cárcel que generan preocupación al no haber recibido una solución oportuna. «Después de un año, se evidencia que no se ha reparado el sistema contra incendios, a pesar de la emergencia carcelaria a nivel nacional».

Javier Sarmiento expuso que se emitirán informes preventivos para otorgar a los respectivos entes un tiempo determinado para solucionar las mencionadas circunstancias. De no cumplirse, se implementarán las investigaciones correspondientes a los funcionarios responsables.

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