La Fiscalía General de la Nación ha anunciado cargos contra el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, y tres exsecretarios municipales, acusados de dirigir ilegalmente contratos durante el periodo 2019-2023. Este escándalo ha sacudido los cimientos de la administración local, dejando a la comunidad en busca de respuestas.
La investigación, respaldada por un extenso conjunto de pruebas, señala que Gómez Aguirre y los exfuncionarios aprovecharon sus cargos para beneficiar a determinados contratistas, vulnerando las normas de contratación pública. La trama incluye contratos relacionados con capacitaciones para Juntas de Acción Comunal y suministro de alimentos para la fuerza pública.
Entre los acusados se encuentra Javier Harrison Amaya, contratista presuntamente favorecido en al menos 25 contratos, revelando la posible existencia de vínculos cercanos con el exalcalde. Además, se sugiere que fondos desembolsados podrían haber financiado la campaña del coronel (r) Jorge Alexander Gallego Chávez, quien aspiraba a la alcaldía.
La Fiscalía también destaca el uso indebido de recursos municipales para actividades proselitistas y la participación de funcionarios en eventos políticos. Estas revelaciones plantean serias preguntas sobre la ética y transparencia en la gestión pública de Tuluá.