En un llamado urgente a la acción, el Gobierno del Valle, a través de su Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ha destacado la crítica situación de peligro que enfrentan los funcionarios públicos en la región, especialmente los concejales y líderes cívicos.
En palabras de la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Ana María Sanclemente, «Es una situación que requiere de apoyo y la atención institucional desde lo municipal, departamental y nacional.» Sanclemente subrayó la necesidad imperante de proteger la vida y la seguridad de estos servidores públicos que están siendo amenazados.
La carta enviada a la Unidad Nacional de Protección (UNP) detalla la compleja realidad que se vive en el departamento, donde, en lo que va del año, cuatro funcionarios públicos, incluyendo tres concejales y una líder cívica vinculada a la Alcaldía de Tuluá, han sido víctimas de asesinato.
La funcionaria insistió en que la UNP debe agilizar los estudios de seguridad en el departamento y tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados. Además, resaltó la importancia de trabajar de manera articulada entre las diferentes instancias gubernamentales para hacer frente a esta situación de emergencia.
La acción de tutela presentada por los concejales de Tuluá y Jamundí, respaldada por la Defensoría del Pueblo, así como la comunicación de la Procuraduría General de la Nación alertando sobre el riesgo inminente que corren los funcionarios, son evidencia de la urgencia de la situación.
El Gobierno departamental ha implementado medidas de protección, como la activación de rutas de seguridad y el Plan Padrino con la Policía, pero se requieren medidas adicionales, como vehículos blindados y chalecos antibalas, que solo la UNP puede proporcionar.
En medio de la ofensiva contra el crimen organizado en el departamento, es crucial garantizar la seguridad de aquellos que están comprometidos con el servicio público y la defensa de la institucionalidad. El llamado del Gobierno del Valle es claro: la protección de los funcionarios amenazados no puede esperar.