En una reciente declaración, Susana Muhamad, Ministra de Ambiente, anunció el inicio de la segunda fase del proceso de control de la minería ilegal en el Parque Nacional Farallones. Esta etapa se enmarca en un esfuerzo coordinado que involucra a la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle, la Procuraduría, la Fiscalía, todas las fuerzas de policía y el Ejército.
Muhamad destacó que «el puesto de mando unificado avanza e inicia la segunda fase del proceso para el control de la minería ilegal en el Parque Nacional Farallones». Esta fase sigue a una primera fase llevada a cabo entre noviembre y diciembre del año pasado, durante la cual se cerraron las tres minas más grandes de la región y se logró controlar el 60% del problema, reduciendo la presencia de mineros en 200.
A pesar de los avances significativos, la ministra señaló que aún quedan seis minas abiertas que representan una amenaza persistente para el parque. En este contexto, el objetivo del puesto de mando unificado es «entrar en un trabajo conjunto interinstitucional para el cierre de todas las minas».
El proceso está basado en el «Pilar de la investigación criminal», con la Fiscalía General de la Nación emitiendo 27 órdenes de captura. Muhamad informó que las estructuras que controlan esta minería ilegal provienen del departamento del Cauca y que se ha identificado un proceso de generación de minería ilegal a partir de minas legales en el Parque Nacional Farallones.
La ministra elogió el «gran compromiso de todos los actores y la articulación institucional» y expresó su esperanza de que, en el año 2024, durante la COP, se pueda declarar el cierre de todas las minas. Destacó también que la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle están trabajando en proyectos importantes para fomentar la conservación ambiental, el potencial turístico y la investigación científica en la región.
El informe también reveló que la contaminación por mercurio es una amenaza significativa y que, en agosto, se realizaron visitas de control en las que se tomaron muestras para evaluar la situación. «El cierre de minas es fundamental para la supervivencia del agua en esta región y para la conservación del Parque Nacional», afirmó Muhamad.
En cuanto a la estructura criminal detrás de la minería ilegal, la ministra indicó que la investigación criminal ha establecido que no hay intermediación de grupos armados ilegales, pero sí una estructura criminal y financiera amplia. La Policía Nacional ha reportado que la operación se ha vuelto «muchísimo más costosa», lo que ha dificultado la reapertura de las minas cerradas el año pasado.
Finalmente, Muhamad se refirió al proceso de captura y judicialización de los responsables, indicando que «la Fiscalía revelará los detalles cuando avance el proceso». La segunda fase del control está en marcha, con el objetivo de finalizar la tarea iniciada en la primera fase y asegurar la protección total del Parque Nacional Farallones.