La Fiscalía General de la Nación ha desarticulado una organización trasnacional que, entre 1997 y 2000, estuvo involucrada en el lavado sistemático de activos en Colombia y Panamá. Esta intervención se ha traducido en la imposición de medidas cautelares sobre un patrimonio que supera los 109.000 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de 59 bienes vinculados a cuatro miembros de la red criminal y a personas cercanas a ellos. Las propiedades fueron ocupadas en diversas diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el respaldo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, San Jacinto del Cauca, Ayapel y La Apartada.
Los activos afectados incluyen 45 inmuebles, entre los cuales se encuentran fincas, casas de recreo y edificios, además de 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos. Los propietarios de estos bienes han sido capturados, judicializados y condenados por su participación en operaciones financieras ficticias que facilitaron el traslado de grandes sumas de dinero, lo que generó un incremento injustificado en su patrimonio.