UN HOMBRE DE NACIONALIDAD EXTRANJERA FUE ASESINADO EN TULUÁ
En Tuluá, un ciudadano venezolano, identificado como Jhonny Rafael Hernández Paredes, de 39 años, fue asesinado el lunes por la noche en un ataque sicarial en el corregimiento de Aguaclara. Testigos informaron que varios desconocidos llegaron al callejón El Mate y dispararon múltiples veces contra la víctima, quien perdió la vida en el lugar.
Y en un según hecho de violencia en la Villa de Céspedes en la misma noche. Un joven también fue herido en un ataque previo en la Carrera 22 del barrio Samán del Norte, donde fue trasladado a un centro asistencial y actualmente se encuentra bajo pronóstico reservado. Las autoridades locales han iniciado investigaciones en ambos casos, buscando esclarecer los hechos y dar con los responsables.
FISCALÍA JUDICIALIZA A PRESUNTOS HURTADORES EN BUGA
La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a dos hombres en Guadalajara de Buga por su presunta participación en varios hurtos violentos. Guillermo Antonio Hurtúa Aguiar y Jefferson Andrés Jaramillo Bohórquez fueron capturados por la Policía Nacional y se enfrentan a cargos de hurto calificado y agravado. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en prisión para ambos.
Las investigaciones indican que los imputados estarían involucrados en al menos tres robos ocurridos en la madrugada del 4 de septiembre, donde habrían intimidado a sus víctimas con armas blancas y de fuego. Este caso pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad en Buga, donde los actos delictivos han afectado la tranquilidad de los ciudadanos.
BUENAVENTURA: DOS CAPTURADOS POR EXTORSIÓN
En un operativo realizado por la Fiscalía General de la Nación, dos presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Espartanos fueron enviados a prisión por su implicación en extorsiones a propietarios de pescaderías en Buenaventura. Carlos Mario Bermúdez Gamboa, alias Mario, y Hovard Damián Cabezas Luna, alias Hovard, fueron imputados por concierto para delinquir con fines de extorsión.
La investigación, que se extendió por siete meses, reveló que desde enero estos individuos habrían exigido cuotas mensuales de hasta dos millones de pesos a los comerciantes para evitar atentados. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para desarticular bandas criminales en la región, lo que ha llevado a múltiples operativos y capturas en los últimos meses.
