Claudia Gisela García, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, sobrevivió el martes pasado a un segundo atentado en su contra en las afueras del municipio de Buga, Valle del Cauca. El ataque ocurrió cuando hombres armados, a bordo de una motocicleta, dispararon contra el vehículo en el que la funcionaria se desplazaba. Gracias a la rápida intervención de su esquema de seguridad, la dragoneante logró salir ilesa.
Este atentado se suma a otro ocurrido en 2016, cuando García también fue víctima de un atentado sicarial. Desde ese momento, ha sido objeto de amenazas recurrentes por parte de grupos criminales. En su publicación en redes sociales, García relató que hace menos de 15 días había recibido una amenaza en forma de una corona fúnebre enviada a su domicilio, lo que reavivó sus temores por la seguridad personal.
En su mensaje a través de redes sociales, la dragoneante denunció lo que considera un abandono por parte del Estado. García expresó su preocupación por la falta de apoyo institucional para los funcionarios del INPEC, quienes, según ella, están expuestos a riesgos constantes sin recibir la protección adecuada.
«Nos están matando, necesitamos ayuda urgente. No tenemos pensión, no tenemos protección. Estamos desprotegidos», afirmó la funcionaria en su publicación. García señaló que, a pesar de las amenazas y los atentados que ha sufrido, los empleados del INPEC carecen de los recursos y beneficios básicos, como pensiones, atención médica y medidas de seguridad efectivas.
El atentado sufrido por Claudia Gisela García resalta el alto riesgo al que se enfrentan los empleados del INPEC, quienes diariamente interactúan con reclusos vinculados al crimen organizado. La dragoneante subrayó que el trabajo en el sistema penitenciario los coloca en una situación vulnerable frente a las organizaciones criminales, que frecuentemente buscan vengarse o intimidar a quienes están encargados de su custodia.
Pese a las constantes amenazas y agresiones sufridas por los funcionarios del INPEC, muchos aseguran que las medidas de seguridad implementadas por el gobierno y la institución no han sido suficientes para garantizar su integridad física. García, en su testimonio, hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que asuma la responsabilidad de proteger a los funcionarios del INPEC y garantizar sus derechos laborales.