Los cinco individuos, cuatro hombres y una mujer, quienes habrían pertenecido a esta estructura disidente de las FARC, manifestaron su voluntad de acogerse al proceso de sometimiento a la justicia establecido por el Gobierno Nacional. Este proceso tiene como objetivo promover la desmovilización y la reintegración de los excombatientes a la vida civil, garantizando su reincorporación a la sociedad bajo el respeto a los derechos humanos.
Como parte de su entrega, los miembros del grupo armado hicieron entrega de un significativo arsenal. Entre el material incautado se encontraban tres fusiles, 18 proveedores, 1.055 cartuchos de munición, 700 gramos de pentolita (un potente explosivo), 14 detonadores, tres chalecos multipropósito, dos morrales tácticos, brazaletes identificativos de las FARC-EP, manuales con doctrina subversiva y parches alusivos a la organización armada.
Según fuentes militares, los cuatro hombres habrían sido miembros activos de la organización desde hace aproximadamente cuatro años, mientras que la mujer se habría unido hace seis años. Estos individuos, que operaban principalmente en la zona del Pacífico colombiano, realizaban funciones de patrullaje, control territorial y otras actividades delictivas asociadas al crimen organizado.
Tras su entrega, los cinco excombatientes recibieron atención inmediata por parte del personal militar, que les proporcionó primeros auxilios, alimentación y apoyo psicológico. Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Institución Naval, donde se coordinó el contacto con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), encargado de iniciar su proceso de reintegración a la sociedad civil.
El proceso de reintegración de excombatientes, a través de programas que incluyen asistencia social, educación, salud y apoyo psicosocial, es fundamental para garantizar que los desmovilizados puedan rehacer sus vidas y contribuir positivamente a la reconstrucción de sus comunidades.