La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, descubrió una sofisticada maniobra para legalizar recursos obtenidos a través de actividades narcotraficantes. Los dineros, derivados del envío de clorhidrato de cocaína desde la zona fronteriza con Ecuador por parte de la estructura criminal ‘La Contru’, actualmente conocida como ‘Comandos de Frontera’, fueron invertidos en el sector salud con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
La investigación reveló que los recursos provenientes del narcotráfico fueron utilizados para crear Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), comprar ambulancias y adquirir otros bienes relacionados con la prestación de servicios médicos en diversas regiones del país. En particular, los departamentos de Putumayo, Caldas, Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca estuvieron involucrados en la operación de estas entidades.
Édison Bernardo Rosero, alias Chamón, señalado como el principal cabecilla de ‘La Contru’, fue identificado como el responsable de la compra de 24 vehículos, entre ambulancias y un automóvil de lujo, además de una droguería y ocho sociedades comerciales. Estas propiedades fueron registradas a nombre de personas que, al parecer, las gestionaban con fines ilícitos.
A raíz de estas revelaciones, seis personas fueron capturadas y judicializadas, incluyendo a Rosero, así como a Yésica Tatiana Rúales Castillo, Gloria Alicia Arteaga Angulo, Paola Andrea Solarte Rosero, Yuri Nathaly Rosero y Óscar Ortega Hernández. Todos enfrentan cargos por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato, aunque los imputados no aceptaron los cargos.
Durante las audiencias concentradas, el juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario para cuatro de los detenidos: Rosero, Solarte Rosero, Nathaly Rosero y Ortega Hernández. En tanto, Rúales Castillo y Arteaga Ángulo fueron beneficiadas con arresto domiciliario.
Simultáneamente al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio inició una investigación para rastrear la procedencia y trazabilidad de los bienes adquiridos con los recursos ilícitos. Tras la verificación, se identificaron 32 propiedades, incluidas las ambulancias, IPS, vehículos de lujo y comercios, todos a nombre de los procesados. Estas propiedades fueron afectadas por medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes, que están avaluados en aproximadamente 6.414 millones de pesos. Este caso subraya cómo las organizaciones criminales están utilizando cada vez más el sector salud como una vía para blanquear dinero obtenido a través del narcotráfico, lo que pone en evidencia la sofisticación de las estrategias de lavado de activos empleadas por las redes delictivas.