El reciente taller regional de articulación interinstitucional realizado en el Valle del Cauca ha puesto sobre la mesa el compromiso de diversas autoridades locales, departamentales y nacionales para atender las necesidades de la población migrante, especialmente de los más de 200.000 migrantes venezolanos que residen en la región. Sin embargo, aunque este esfuerzo conjunto es un paso positivo, la pregunta que surge es si realmente será suficiente para enfrentar los desafíos que plantea la situación migratoria actual y futura.
Ana María Sanclemente, secretaria de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, destacó la importancia de la coordinación entre las gobernaciones de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, junto con el Gobierno Nacional. El principal objetivo de esta alianza parece ser el diseño de un plan de acción que atienda las necesidades de la población migrante, tanto en situación regular como irregular, en tránsito o retornada. Sin embargo, es pertinente preguntarse si estas medidas son lo suficientemente específicas y adaptadas a las realidades cambiantes de los migrantes.

Uno de los mecanismos propuestos en el taller es la creación del Comité de Atención al Migrante, una iniciativa de la Gobernación del Valle del Cauca mediante una ordenanza. Este comité busca integrar diversas instituciones para coordinar las acciones en beneficio de los migrantes. Pero, en un contexto tan dinámico como el de la migración, ¿será este comité capaz de adaptarse rápidamente a los nuevos desafíos? Si bien la integración de varias entidades es un paso positivo, la eficiencia de la articulación y la capacidad de respuesta ante un aumento en el flujo migratorio son cuestiones que deben ser evaluadas a largo plazo.
Es importante destacar que, según las cifras oficiales, la población migrante en el Valle del Cauca sigue creciendo, especialmente en el sur del departamento. Si bien la secretaria Sanclemente subraya la importancia de la articulación técnica y financiera por parte del Gobierno Nacional para establecer centros integrales de atención, la pregunta es: ¿los recursos disponibles serán suficientes para cubrir las necesidades de todos los migrantes que llegan a la región? Además, ¿cómo se garantizará la equidad en la distribución de los recursos entre los municipios, algunos de los cuales enfrentan una presión migratoria mucho mayor que otros, como es el caso de Buenaventura y Tumaco?
En este contexto, Liliana Morales, directora para la población migrante del Ministerio de Igualdad y Equidad, mencionó las acciones del Ministerio, como la financiación del Centro Intégrate en Cali, que tiene como objetivo atender a 27.000 personas para 2025. Sin embargo, el reto de la atención integral a la población migrante va más allá de ofrecer servicios básicos y recursos. La integración efectiva de los migrantes a la sociedad y el acceso a oportunidades laborales, educación y salud de manera sostenible son aspectos clave que no se resuelven únicamente con centros de atención.
Por otro lado, la creación de una línea de atención humanitaria para municipios como Buenaventura y Tumaco es una medida positiva, pero plantea la pregunta de si los recursos destinados a esta línea serán suficientes para enfrentar la magnitud de la crisis. ¿Están las instituciones preparadas para una respuesta rápida y efectiva ante una posible emergencia humanitaria que podría desencadenarse debido a un flujo migratorio más intenso?
A pesar de los esfuerzos que se están realizando, es necesario mantener una mirada crítica y cuestionar si las medidas implementadas hasta ahora son suficientes para afrontar la magnitud del desafío. La migración no solo es una cuestión de atención inmediata, sino también de integración a largo plazo. Por lo tanto, el verdadero éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para adaptarse a los cambios, coordinar de manera efectiva los recursos y ofrecer soluciones que no solo aborden las necesidades más urgentes, sino que también fomenten la inclusión y la equidad para los migrantes que buscan una nueva vida en el Valle del Cauca.
Aunque el taller y las medidas propuestas son un paso positivo, el futuro de la atención a la población migrante dependerá de la capacidad del Estado y de las instituciones locales para enfrentar de manera efectiva los retos de una crisis migratoria en constante evolución.