La Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que el pago de pensiones en su departamento y otras regiones de Colombia se encuentra en riesgo debido a una modificación en la metodología del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Tras una reunión con el ministro de Hacienda en Bogotá, la mandataria reveló que este cambio ha incrementado el pasivo pensional de los departamentos en 11 billones de pesos, lo que ha reducido significativamente los giros destinados a las pensiones regionales.

Toro expresó su preocupación por la falta de consulta previa en la decisión tomada por la dirección del Fonpet, la cual ha afectado directamente los recursos fiscales de los departamentos. La Gobernadora indicó que, el año pasado, no se giraron los recursos correspondientes para el pago de las pensiones en varias regiones, una situación que se repitió este año. Según Toro, esta reducción ha afectado gravemente el cumplimiento de las obligaciones con los pensionados, quienes dependen de esos recursos tras haber aportado durante años.

“El año pasado debían girar $120.000 millones, pero solo se recibieron $100.000 millones. Quedamos con un déficit de $20.000 millones y eso afectó directamente a los pensionados. Ellos son los que han trabajado durante años y es nuestro deber garantizar que reciban lo que les corresponde”, explicó la Gobernadora.

En el caso del Valle del Cauca, los giros destinados a las pensiones se redujeron en unos 20.000 millones de pesos, lo que obligó a la administración departamental a recurrir a recursos de libre inversión para cubrir la diferencia y garantizar el pago a los pensionados. Esta situación no solo afecta al Valle, sino que también ha golpeado a otros departamentos como Córdoba y Cauca, donde no se han recibido los recursos necesarios.

La Gobernadora Toro hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se revierta esta metodología y se regrese al modelo anterior, que garantizaba el cumplimiento de las obligaciones con los pensionados. En su opinión, la medida tomada sin consulta previa ha generado una crisis fiscal que afecta a los ciudadanos que confiaron en el sistema de pensiones del país.

Con esta situación en aumento, los departamentos continúan luchando por asegurar que se respeten los derechos de los pensionados y que se restablezca el flujo de recursos necesarios para cumplir con estos compromisos. La demanda de los mandatarios regionales es clara: el retorno a la metodología anterior para evitar mayores perjuicios a los beneficiarios del sistema pensional.

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