La estrategia policial se enfoca en detectar flujos financieros ilícitos que sostienen estas actividades delictivas. La extinción de dominio es una medida que busca intervenir los bienes de aquellos implicados en estas prácticas criminales, recordando a todos los ciudadanos la gravedad de este delito, con penas que van desde 10 hasta 30 años de prisión para quienes participen en la administración, movimiento o recepción de recursos ilícitos.
«Es crucial que la ciudadanía no se deje engañar ni intimidar por estos delincuentes. No deben prestar sus nombres ni cédulas para movimientos financieros, ya que podrían verse involucrados en actividades delictivas y enfrentar procesos penales», advirtió el Comandante.
Se hace un llamado a la comunidad para estar alerta y evitar ser utilizados por criminales desconociendo las consecuencias legales que podrían acarrear. La falta de conocimiento ha llevado a muchos ciudadanos a ser utilizados en el movimiento de dinero ilícito, por lo que se insiste en la importancia de no caer en estas trampas.
Las autoridades continúan trabajando en la identificación y desarticulación de esta red criminal, instando a la cooperación ciudadana para denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con estos hechos delictivos.