En un esfuerzo coordinado para contrarrestar la creciente ola de violencia en los municipios de Jamundí y Cali, las autoridades del Valle del Cauca han anunciado una serie de medidas de seguridad. Encabezadas por la Gobernadora Dilian Francisca Toro, en colaboración con el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad extraordinario con el objetivo de abordar los recientes actos terroristas que han afectado la tranquilidad de la región.
Durante la reunión, se acordó el despliegue de 100 policías adicionales en Jamundí, así como el refuerzo del Ejército en el casco urbano para apoyar las labores policiales. Además, se aumentarán las horas de vuelo para respaldar las operaciones de las fuerzas de seguridad en la zona.
La Gobernadora Dilian Francisca Toro expresó su preocupación por la situación actual y destacó la importancia de implementar medidas contundentes para contrarrestar la delincuencia. En ese sentido, solicitó al Ministro de Defensa incluir a Jamundí como municipio Zomac, lo que permitiría la realización de obras por impuestos y la implementación de programas de sustitución de cultivos.
El Mayor General Erick Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore brindando información que permita prevenir futuros ataques terroristas y el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales. Se garantizó la reserva de la identidad de los informantes a través de líneas de denuncia.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el envío de 4 mil policías para octubre, con un primer contingente de 100 efectivos que llegarán en julio, destacando el compromiso de la Nación en el fortalecimiento de la seguridad.

Por su parte, la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, solicitó apoyo para la instalación de cámaras de seguridad en el municipio y anunció medidas como toque de queda y la prohibición de parrillero hombre para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
Ante la situación de inseguridad, las autoridades hacen un llamado a la comunidad a mantener la calma y a colaborar con las fuerzas de seguridad para garantizar la paz en la región. Se ofrece una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la captura de los responsables de los ataques y de los líderes del grupo delictivo conocido como «Jaime Martínez», que opera en el departamento.
