En una reciente audiencia ante la Corte Constitucional, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, presentó argumentos en defensa de la Ley 1816 de 2016, que regula el monopolio rentístico de licores destilados en el departamento. Esta ley permite la suspensión de permisos para la introducción de aguardiente en otros territorios, lo que, según la mandataria, podría tener repercusiones negativas en las finanzas del Valle.
Toro destacó que la suspensión de estos permisos afectaría gravemente a la Industria de Licores del Valle, advirtiendo que una apertura de fronteras podría resultar en una significativa disminución de las ventas, comprometiendo así el patrimonio de la entidad. La gobernadora subrayó que los ingresos generados por la producción de aguardiente representan un 20% de los recursos por impuesto al consumo del departamento.
Durante su exposición, la mandataria también resaltó los logros que ha traído la ley desde su entrada en vigor, indicando que la industria ha avanzado hacia la modernización. La incorporación de tecnología de punta en la producción ha permitido diversificar su oferta, pasando de un único producto a siete líneas de aguardientes.
Desde 2017, la Industria de Licores del Valle ha mostrado un crecimiento significativo, aumentando sus ventas de 4.3 millones de botellas a 10.8 millones en 2023, lo que equivale a un incremento del 151%. En este contexto, la gobernadora enfatizó la necesidad de proteger la producción local de aguardiente, que se elabora completamente en el departamento.
La audiencia en la Corte Constitucional representa un momento crucial para la economía del Valle del Cauca y la continuidad de su industria de licores, con potenciales implicaciones que podrían repercutir en el futuro del sector.