En un esfuerzo por fortalecer la Política Pública de Víctimas en la región, la gobernadora Dilian Francisca Toro llevó a cabo la tercera sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional del Valle del Cauca. Durante la reunión, enfatizó la importancia de implementar medidas de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado.
La mandataria destacó que el gobierno regional sigue comprometido con el cumplimiento de esta política en el marco del Plan de Desarrollo. “Continuaremos trabajando en conjunto para garantizar los derechos de las víctimas y asegurar que se implementen todas las medidas necesarias”, afirmó Toro.
En la sesión, se presentó un informe sobre la percepción de seguridad, el cual fue evaluado positivamente por los miembros del Comité. El brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, subrayó la relevancia de la colaboración entre las instituciones y las fuerzas de seguridad. “Estamos trabajando de manera articulada para garantizar el control territorial y la presencia efectiva del ejército y la policía”, indicó.
Representantes de las víctimas del conflicto también tuvieron la oportunidad de exponer sus casos y solicitar la creación de una mesa de alto nivel liderada por la gobernadora. Maricela Jaramillo, representante de la Mesa Departamental de Víctimas, solicitó una reunión con entidades gubernamentales para abordar las condiciones de retorno y reubicación de las comunidades afectadas. “Es fundamental realizar un diagnóstico y un inventario para atender de manera efectiva sus necesidades”, expresó Jaramillo.
La secretaria de Paz del Valle, María Camila Mantilla, calificó el desarrollo de la sesión como positivo y destacó la necesidad de implementar una mesa de alto nivel. “Reconocemos el trabajo de la gobernación en la implementación del Plan de Acción Territorial y la aprobación del plan integral de prevención y protección”, concluyó Mantilla.
Con esta sesión, la gobernación del Valle del Cauca reafirma su compromiso con la justicia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, buscando mejorar su calidad de vida y garantizar sus derechos en la región.