La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la situación humanitaria que afecta a diversas regiones del país, destacando que, en este momento, hay al menos 11 focos activos de emergencia humanitaria que están impactando de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y a sectores vulnerables como niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta grave crisis es protagonizada por 10 grupos armados ilegales, entre los cuales se destacan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, y otros grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y los Espartanos.
Según el reporte de la Defensoría, los enfrentamientos, reacomodos y fraccionamientos entre estos grupos armados han causado el desplazamiento forzado de más de 5,500 personas y el confinamiento de 12,000 más, además de 27 homicidios y otras violaciones a los derechos humanos. Las emergencias se han presentado principalmente en regiones como el Catatumbo, el Pacífico colombiano, Nariño, Cauca, y el departamento del Chocó, donde, desde el 4 de febrero, se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, afectando a más de 1,600 personas, con énfasis en la población indígena del pueblo Guau, que enfrenta restricciones severas de movilidad y acceso a recursos básicos.
Además de estas regiones, la Defensoría alerta sobre las afectaciones en otras zonas del país como el norte de Antioquia, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, Putumayo y el sur de Córdoba, áreas que también enfrentan un alto riesgo debido a la presencia de grupos armados ilegales y las tensiones en torno a las próximas elecciones atípicas de gobernador en Putumayo, previstas para el 23 de febrero.
Frente a esta grave situación, la Defensoría ha hecho un llamado urgente al gobierno nacional y a las autoridades locales para que tomen medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas. La entidad subraya que, a pesar de la magnitud de la crisis, el país cuenta con las instituciones y la capacidad para enfrentar estos desafíos y garantizar los derechos de las comunidades. En este sentido, se instó al gobierno a continuar exigiendo respeto por el derecho internacional humanitario, así como a acelerar las acciones de apoyo humanitario y protección para las poblaciones desplazadas.
Por otro lado, la Defensoría también exigió a los grupos armados ilegales el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y condenó el uso de las comunidades y organizaciones sociales en su lucha territorial. Finalmente, reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y manifestó que continuará monitoreando la situación, denunciando las vulneraciones y acompañando a las poblaciones afectadas por el conflicto armado.