En un operativo conjunto llevado a cabo en las aguas del Pacífico colombiano, específicamente en la bahía interna del puerto de Buenaventura, la Armada Nacional incautó una motonave que transportaba ilegalmente 237 metros cúbicos de madera, constituyendo una grave infracción ambiental.
El procedimiento tuvo lugar durante una jornada rutinaria de patrullaje marítimo, cuando unidades de la Armada detectaron una motonave que se desplazaba de forma sospechosa, lo que motivó a los uniformados a abordarla para una inspección detallada. La embarcación, tripulada por seis personas, transportaba 820 listones rectangulares de madera, pertenecientes a las especies Sajo y Otobo, que no contaban con la documentación legal necesaria para su transporte.

Al requerir los permisos correspondientes para el traslado de los productos forestales, los tripulantes de la embarcación informaron que no contaban con los salvoconductos expedidos por la Corporación Autónoma Regional (CARS), los cuales son exigidos por la ley para garantizar que la movilización y comercialización de recursos naturales se haga de manera legal y sostenible. Esta falta de documentación reveló la ilegalidad del transporte de la madera.
Una vez realizada la verificación y confirmada la infracción, la embarcación, sus tripulantes y la carga incautada fueron trasladados al sector de Isla Pájaro, en la bahía de Buenaventura, donde funcionarios del Establecimiento Público Ambiental (EPA) realizaron una inspección técnica. En la revisión, se determinó que la madera no solo carecía de los permisos adecuados, sino que también se trataba de un aprovechamiento ilegal de recursos naturales, una actividad tipificada como delito según el artículo 328 del Código Penal Colombiano.
La normativa colombiana sanciona severamente el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, estableciendo penas que van desde altas multas hasta penas de prisión para quienes incurrieron en este tipo de delitos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.
