Un niño de 11 años fue secuestrado el pasado sábado en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en un hecho que ha causado conmoción y creciente preocupación por la crítica situación de seguridad en la región. Según las primeras versiones, el hecho fue cometido por hombres armados que pertenecerían a la estructura criminal conocida como la columna «Jaime Martínez», facción disidente de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco.
El secuestro ocurrió en un condominio ubicado en una zona montañosa entre los límites del Valle del Cauca y el Cauca, territorio de alta presencia de grupos armados ilegales. De acuerdo con información preliminar, el menor se encontraba en compañía de una mujer al momento del ataque. La mujer fue dejada en libertad por los captores poco después, mientras que el paradero del niño sigue siendo desconocido.
Las autoridades locales y nacionales activaron operativos de búsqueda e inteligencia en la zona, mientras avanzan las investigaciones para confirmar la identidad de los responsables y ubicar al menor. Aunque no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del grupo armado, fuentes de inteligencia vinculan el hecho con esta disidencia, que ha sido señalada en el pasado por extorsiones, amenazas, reclutamiento forzado y secuestros en la región.
El hecho ocurre en medio de un clima de tensión e inestabilidad en el suroccidente del país, donde se reporta una fuerte presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Desde distintos sectores sociales y comunitarios se ha exigido la pronta liberación del menor y el cese de acciones que involucren a la población civil, especialmente a menores de edad. El caso también ha reabierto el debate sobre la efectividad de la política de seguridad en regiones donde el control territorial estatal es débil o inexistente. Las autoridades reiteraron que hay una recompensa de hasta $200 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con el paradero del niño o identificar a sus captores. La comunidad puede comunicarse de forma confidencial a través de las líneas 123 o 165.