Un proyecto presentado por la administración del Valle del Cauca para acceder a recursos de regalías destinados a la sustitución de cultivos ilícitos aún no ha sido aprobado por el Gobierno nacional. Así lo denunció la Gobernación, que busca implementar iniciativas productivas legales en municipios afectados por estas problemáticas.
La propuesta contempla intervenir 700 hectáreas en diferentes zonas del departamento, incluyendo 200 en el municipio de Jamundí, donde se proyecta trabajar con al menos dos comunidades. También se pretende beneficiar a cinco consejos comunitarios en el distrito de Buenaventura.
Según las autoridades regionales, el objetivo es brindar alternativas económicas sostenibles a asociaciones campesinas y comunidades étnicas, promoviendo el desarrollo productivo legal como estrategia frente a los cultivos ilícitos. Sin embargo, la falta de aprobación por parte del Gobierno central ha generado preocupación en los entes territoriales, que consideran que los recursos solicitados responden a necesidades locales urgentes.
Pese a la demora, desde la Gobernación indicaron que se han logrado algunos avances en colaboración con comunidades del departamento, enfocados en procesos de sustitución voluntaria y desarrollo de actividades productivas alternativas.