La situación financiera de los hospitales públicos del país se ha vuelto insostenible. Gobernadores de diversos departamentos han alzado la voz para advertir sobre una crisis de enormes proporciones que amenaza con colapsar el sistema de salud pública. La situación fue puesta en evidencia a través de una carta enviada al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que se expone la grave preocupación por la deuda creciente de las EPS y su impacto directo en la atención hospitalaria.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue quien hizo público el contenido de la misiva y expresó el malestar de las administraciones departamentales. Según Toro, los hospitales del país están enfrentando una crisis financiera derivada de la creciente cartera morosa de las EPS, que no solo afecta la operatividad de los centros de salud, sino que también pone en riesgo la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes.
“La crisis es grave, las EPS deben un monto millonario que está afectando el funcionamiento de los hospitales públicos en todos los departamentos. La deuda acumulada ya alcanza los 6 billones de pesos y, si no se toman medidas urgentes, podría llegar a 17 billones de pesos este año”, señaló la mandataria, quien resaltó que nueve EPS se encuentran intervenidas, cubriendo casi la mitad de los afiliados al sistema de salud, lo que genera un desequilibrio financiero de gran magnitud.
El impacto de esta situación es particularmente fuerte en el Valle del Cauca, donde la deuda de las EPS supera el billón de pesos. El Hospital Universitario del Valle es la institución con mayor cartera morosa, sumando 525 mil millones de pesos, lo que pone en peligro su capacidad para seguir ofreciendo atención médica de calidad a la población.
Frente a esta problemática, los gobernadores exigen al Ministerio de Salud una intervención urgente. En la carta enviada al ministro Jaramillo, solicitan, en primer lugar, que se exija a las EPS el pago oportuno de los servicios prestados, garantizando la continuidad de la atención a los pacientes. Además, piden que se establezca un cronograma claro y estricto para el pago de las deudas acumuladas y que la Superintendencia de Salud realice un seguimiento riguroso para evitar que la situación se siga agravando.
El llamado es claro: sin una solución inmediata, los hospitales públicos podrían ver comprometida su capacidad para prestar servicios de salud esenciales, afectando a millones de colombianos que dependen del sistema público para su atención médica. La situación es urgente, y la respuesta del Ministerio de Salud podría marcar la diferencia entre la estabilización o el colapso del sistema hospitalario público en el país.
