La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al alcalde de El Cairo, Orlaín Salazar Ramírez, y al secretario de Planeación, Adrián Sánchez Rodríguez, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos para el transporte escolar y la recolección de residuos sólidos en el municipio.

En el mismo proceso también fueron judicializados la exsecretaria de Salud y Desarrollo Social, Diana Alexandra Vanegas Pedraza, y los contratistas Yeison Darío Gaviria López y Divier Alexander Moncada Patiño.

Las investigaciones apuntan a que entre enero y junio de 2024 se firmaron dos contratos por un total de 183 millones de pesos, los cuales habrían sido ejecutados con irregularidades. En el contrato para el transporte escolar, el alcalde y uno de los contratistas habrían organizado el servicio involucrando a familiares y amigos, manejando directamente recursos por 17 millones de pesos sin realizar un proceso de licitación transparente. La exsecretaria Vanegas Pedraza presuntamente falsificó documentos para evitar la participación de otras empresas en la licitación. Asimismo, se señala que uno de los contratistas habría prestado su nombre sin cumplir con el servicio a cambio de dinero.

En cuanto al contrato de recolección de basuras, se estableció que fue adjudicado directamente a un contratista que no cumplía con los requisitos, incluyendo la licencia para conducir camiones. El secretario de Planeación habría aceptado informes falsos sobre la prestación del servicio, facilitando así el pago.

Los capturados fueron detenidos por el CTI y la Dijín de la Policía Nacional. Un juez ordenó prisión preventiva para el alcalde y el secretario de Planeación, mientras que uno de los contratistas cumplirá detención domiciliaria y la exsecretaria y otro contratista continúan vinculados al proceso en libertad.

Los implicados enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica. Ninguno aceptó las imputaciones.

La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer estos hechos y garantizar la transparencia en la gestión pública del municipio.

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