En una operación coordinada por la Policía del Valle del Cauca y respaldada por la Gobernación departamental, fueron desmantelados 12 puntos de expendio de drogas en los municipios de Palmira, Tuluá, Cartago y el distrito de Buenaventura. La intervención dejó como resultado la captura de 39 personas, entre ellas cinco menores de edad, en medio de allanamientos simultáneos realizados en sectores priorizados por su cercanía a instituciones educativas, parques y centros religiosos.
De acuerdo con las autoridades, las estructuras criminales desarticuladas pertenecían a redes locales identificadas como ‘Los Registradores’ en Palmira, ‘Los de la Loma’ en Cartago y ‘Los de la Zona’ en Tuluá, esta última con vínculos directos con la organización delincuencial conocida como ‘La Inmaculada’.
Del total de detenidos, 29 fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, mientras que los demás continúan bajo investigación judicial para esclarecer su nivel de participación en las actividades ilícitas.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó la importancia de estas acciones articuladas en el marco de la estrategia de seguridad regional, señalando que “este tipo de operativos buscan no solo enfrentar el crimen organizado, sino proteger a nuestros jóvenes del entorno delictivo que se ha venido tejiendo alrededor de sus comunidades”.
Por su parte, la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, informó que en lo corrido del año 2025 ya se han registrado 938 capturas en el departamento por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, se han incautado más de 17 toneladas de sustancias ilegales, en un esfuerzo sostenido por contener el impacto del microtráfico en zonas urbanas y rurales.
Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan y se mantendrán los operativos en otras zonas del departamento donde se han identificado puntos de expendio que afectan la seguridad ciudadana. Este nuevo golpe al microtráfico representa un paso más en la consolidación de una política de seguridad que prioriza la prevención, el control territorial y la protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en el Valle del Cauca.