Una mujer de 50 años y un hombre de 47 fueron detenidos en Cali por su presunta responsabilidad en actos de tortura y tratos crueles contra dos menores de edad en Buenaventura. La captura, realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Gaula de la Armada Nacional, se dio luego de una investigación exhaustiva liderada por la Fiscalía General de la Nación.
El caso comenzó a investigarse tras la denuncia presentada el pasado 20 de febrero, cuando una niña de 12 años fue ingresada a una clínica en Buenaventura con signos evidentes de maltrato físico, incluyendo hematomas, laceraciones y cicatrices producidas por golpes con objetos contundentes. Las pruebas recopiladas permitieron establecer que la menor había estado bajo el cuidado de la pareja desde los seis años y que fue sometida a constantes abusos físicos y psicológicos.
De acuerdo con la Fiscalía, la niña era obligada a realizar todas las labores domésticas del hogar y, en caso de no cumplir con estas, recibía castigos severos como golpes, inmersiones en agua y privación de alimentos. Además, otro menor de 10 años, quien también estaba bajo la custodia informal de la pareja desde 2019, fue víctima de la misma situación.
Uno de los elementos que agrava la situación es que la mujer capturada se desempeñaba como funcionaria pública durante el periodo en que ocurrieron los abusos.
La Fiscalía imputó a la pareja por los delitos de trata de personas con fines de servidumbre doméstica, tortura agravada y violencia intrafamiliar. Los detenidos no aceptaron los cargos y, por disposición judicial, quedaron privados de la libertad en un centro penitenciario mientras continúa el proceso legal.
Actualmente, los menores están bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que activó los protocolos para garantizar su restablecimiento de derechos y atención integral.
La captura de los presuntos responsables en Cali se logró gracias a un trabajo articulado entre las autoridades judiciales y militares, tras confirmarse que la pareja se había trasladado a esta ciudad para evadir la acción de la justicia.