En una decisión clave para el fortalecimiento de la seguridad en el sur del Valle del Cauca, la Gobernación oficializó la entrega del lote donde será construido el Batallón de Alta Montaña ‘Coraza’ en el municipio de Jamundí. La entrega fue realizada de manera formal al Ejército Nacional, marcando un avance en el compromiso de recuperar el control territorial en zonas afectadas por economías ilícitas y presencia de grupos armados.
La gobernadora del Valle, al encabezar el acto de entrega, explicó que el predio fue cedido por la Fiscalía General de la Nación, gracias a gestiones adelantadas desde el inicio de su mandato. Además, confirmó la destinación de $7.500 millones para la construcción de la unidad militar, que se espera esté lista en un plazo de cinco a seis meses.
“El batallón ‘Coraza’ es una respuesta concreta a las necesidades de seguridad en Jamundí y sus corregimientos. Desde el primer día de gobierno nos propusimos recuperar este proyecto estratégico y hoy estamos cumpliendo”, expresó la mandataria, al referirse al impacto que tendrá la presencia militar permanente en una zona históricamente golpeada por el narcotráfico y la minería ilegal.
El general Juan Carlos Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, señaló que la base operativa tendrá jurisdicción sobre los 19 corregimientos rurales del municipio, con especial énfasis en sectores como San Antonio, Villa Colombia, La Liberia, La Cabaña y el corredor hacia el Naya, donde se concentra la presencia de estructuras armadas y actividades ilegales.
“Este batallón permitirá proteger a la población civil y enfrentar de forma más efectiva fenómenos como el enclave cocalero entre Suárez (Cauca) y el sur del Valle del Cauca. La prioridad es debilitar los corredores del narcotráfico y la minería ilegal que hoy representan una amenaza para la región”, indicó el oficial.
La construcción del Batallón de Alta Montaña no solo busca reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Militares en este territorio, sino también enviar un mensaje claro sobre el retorno del Estado a zonas vulnerables, donde la presencia institucional ha sido históricamente limitada. El proyecto se convierte así en una apuesta por la seguridad, la gobernabilidad y la tranquilidad de los habitantes del sur del departamento.