El ruido se ha convertido en el principal motivo de queja de los ciudadanos en Tuluá. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, José Martín Hincapié Álvarez, quien explicó que la administración municipal adelanta acciones de control en establecimientos comerciales y barrios residenciales.
“El mayor fenómeno que se presenta y que afecta la convivencia es el ruido generado por establecimientos de comercio abiertos al público. Llámese discotecas, bares, tiendas, licoreras y también locales comerciales que anuncian sus productos con altoparlantes”, señaló el funcionario. Agregó además que no solo los comercios son responsables: “También en los barrios, cuando un vecino llega tarde en la noche y arma una rumba todo el fin de semana, o en fincas campestres alquiladas donde las fiestas empiezan el viernes y terminan el lunes festivo. Todo eso afecta ostensiblemente a los ciudadanos”.
El secretario recordó que existen varias disposiciones legales que respaldan los operativos: “Existe normativa. No solamente la Ley Antirruido que está recién aprobada, sino también otras normas ambientales y de convivencia, como la Ley 1801. En Tuluá, el POT define dónde se pueden establecer bares, discotecas o licoreras. Lo primero que debe revisar un comerciante no es la Cámara de Comercio, sino el uso del suelo”.
También advirtió sobre la situación en tiendas de barrio que cambian su destinación original y se convierten en cantinas: “Algunos tenderos, en aras del rebusque, no solo venden cerveza o aguardiente, sino que ponen música, televisores y hasta maquinitas, convirtiendo las tiendas en bares o cantinas. Eso está prohibido, porque implica cambiar la destinación del establecimiento”.
En cuanto a las sanciones, Hincapié explicó que “el Código de Seguridad y Convivencia establece sanciones pecuniarias, es decir multas. Pero, además, en el caso de los establecimientos, estas infracciones sirven como insumo para sanciones más fuertes, como la suspensión de actividades comerciales, incluso de manera definitiva”.
Finalmente, recalcó que se trata de un trabajo articulado: “Es un trabajo interinstitucional. Participan la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional, gestores de convivencia, inspección de Policía, la CBC y la Sedama. Primero llegamos con pedagogía y prevención, pero si hay incumplimiento procedemos a sancionar. Hemos recibido muchas quejas por música, ingreso de vehículos o aglomeraciones, y nuestra tarea es garantizar el descanso y la tranquilidad de los ciudadanos”.