La Defensoría del Pueblo pidió acelerar las acciones para garantizar el regreso a clases presenciales de los niños, niñas y adolescentes afectados por el terremoto.
La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto también continúa afectando el acceso a la educación en Buenaventura.
Durante una visita a las comunidades más afectadas, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre las condiciones que enfrentan los estudiantes del distrito y señaló que 99 instituciones educativas presentan afectaciones en su infraestructura, situación que impacta a cerca de 10.000 estudiantes.
La dimensión de los daños plantea un desafío adicional para las autoridades, que deberán garantizar que los estudiantes puedan continuar con su proceso educativo mientras avanzan las evaluaciones y obras de recuperación de los establecimientos.
El regreso a clases, una prioridad
La defensora del Pueblo hizo un llamado a acelerar las acciones necesarias para permitir el regreso presencial a las aulas, siempre que las condiciones de seguridad de las instituciones lo permitan.
La preocupación no está relacionada únicamente con la pérdida de jornadas académicas. La suspensión prolongada de las actividades presenciales también puede generar efectos sobre la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría advirtió sobre la necesidad de evitar que los menores permanezcan expuestos a situaciones de vulnerabilidad mientras se adelantan las labores de recuperación de los establecimientos educativos.
El desafío: recuperar las instituciones sin poner en riesgo a los estudiantes
La situación obliga a las autoridades a encontrar alternativas que permitan mantener la continuidad educativa mientras se intervienen las estructuras afectadas.
El regreso a las aulas deberá estar acompañado de evaluaciones técnicas que garanticen que los establecimientos sean seguros, especialmente en un territorio que continúa enfrentando las consecuencias del terremoto.
La recuperación de las 99 instituciones educativas representa, por tanto, uno de los retos de la reconstrucción de Buenaventura.
Más allá de reparar las edificaciones, el desafío será garantizar que cerca de 10.000 estudiantes puedan recuperar progresivamente su derecho a la educación en condiciones seguras y adecuadas.