La Gobernación del Valle del Cauca solicitó al Gobierno Nacional ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos y el cupo CONFIS, con el propósito de incorporar a municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto que actualmente no hacen parte de las zonas PDET o ZOMAC.
La propuesta busca habilitar una mayor participación del sector privado en la recuperación de los municipios afectados por el sismo, permitiendo que más empresas puedan destinar parte de sus obligaciones tributarias a la financiación y ejecución de proyectos de infraestructura.
De acuerdo con la administración departamental, la ampliación permitiría canalizar recursos hacia obras consideradas prioritarias para la recuperación de las comunidades, entre ellas instituciones educativas, hospitales e infraestructura afectada por el terremoto.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que a febrero de 2026 el departamento contaba con 30 proyectos viabilizados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y planteó que esta herramienta pueda utilizarse de manera excepcional en los municipios afectados por el desastre.
Actualmente, el mecanismo tiene una focalización que prioriza determinados territorios, entre ellos municipios PDET y ZOMAC. La solicitud del Valle plantea ampliar temporalmente su alcance para incluir a localidades afectadas por el terremoto, aun cuando no estén dentro de esas categorías. La normativa vigente establece la priorización del mecanismo para municipios definidos en el marco de los PDET.
Una propuesta que aún depende del Gobierno Nacional
Aunque la iniciativa podría abrir una fuente adicional de financiación para la reconstrucción, la ampliación solicitada todavía no representa recursos aprobados ni garantiza por sí misma la ejecución de las obras.
El planteamiento depende de que el Gobierno Nacional modifique o amplíe las condiciones y el cupo aplicable al mecanismo. Por tanto, el reto no solamente está en conseguir recursos, sino también en definir cuáles municipios y proyectos serían priorizados, bajo qué condiciones se ejecutarían y cuáles serían los mecanismos de seguimiento y control.
La propuesta adquiere relevancia ante la magnitud de las necesidades de recuperación que dejó el terremoto, especialmente en infraestructura pública y equipamientos esenciales. Sin embargo, para que la participación empresarial se traduzca efectivamente en obras, será necesario que los proyectos estén técnicamente estructurados, tengan una ruta administrativa definida y cuenten con mecanismos de vigilancia sobre la ejecución de los recursos.
La Gobernación sostiene que ampliar este mecanismo permitiría sumar inversión privada a los recursos públicos y acelerar la respuesta institucional. Ahora la decisión está en manos del Gobierno Nacional.
La discusión, por tanto, no se limita a aumentar el cupo de Obras por Impuestos: también está en determinar qué tan rápido puede convertirse esta herramienta en obras concretas para las comunidades afectadas por el terremoto.