Cinco personas fueron capturadas por la Policía Nacional durante cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas en zona urbana de Tuluá, en el marco de una operación dirigida contra estructuras investigadas por homicidios y otros delitos de alto impacto.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, cuatro de las capturas se realizaron mediante orden judicial por el delito de homicidio, mientras que la quinta persona fue detenida en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Durante los procedimientos, las autoridades incautaron una pistola Jericho II, dos proveedores con 20 cartuchos y tres equipos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso judicial.
Capturados tendrían antecedentes
Según la Policía, las personas capturadas tendrían antecedentes relacionados con investigaciones por homicidio, concierto para delinquir y porte y tráfico de estupefacientes.
Los detenidos fueron presentados ante la autoridad judicial competente, que posteriormente les impuso medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.
La decisión fue adoptada por el juez tras valorar los elementos presentados durante el proceso y considerar que los procesados representarían un peligro para la sociedad.
No obstante, las capturas y la medida de aseguramiento hacen parte de un proceso judicial y no equivalen por sí mismas a una condena. La responsabilidad penal de cada uno deberá determinarse dentro de las actuaciones correspondientes.
Operativos buscan golpear estructuras vinculadas a homicidios
La operación hace parte de las acciones de la Policía para afectar estructuras presuntamente relacionadas con homicidios y otros delitos de alto impacto en Tuluá.
Además de las capturas, la incautación del arma de fuego y la munición será incorporada al proceso como material de interés para la investigación.
Las autoridades indicaron que continuarán desarrollando acciones operativas y judiciales contra organizaciones o personas vinculadas a hechos que afectan la seguridad y convivencia en el municipio.