La Gobernación del Valle del Cauca presentó ante la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza que busca establecer beneficios fiscales transitorios para los contratos relacionados con la atención de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La iniciativa contempla la exoneración de las estampillas departamentales y de la tasa prodeporte en los contratos que sean suscritos en el marco de la calamidad pública y la urgencia manifiesta decretadas en el departamento.
Según explicó Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, la medida pretende disminuir los costos asociados a la contratación y facilitar la participación de proveedores en sectores relacionados con la atención de la emergencia, entre ellos infraestructura, agricultura y alimentación.
La propuesta tendrá que ser aprobada por la Asamblea
El proyecto fue radicado con mensaje de urgencia ante la Asamblea Departamental, por lo que ahora corresponde a los diputados estudiar su contenido y determinar si la iniciativa cumple las condiciones para convertirse en ordenanza.
En caso de ser aprobada, la exoneración tendría una vigencia de seis meses contados a partir de la publicación de la ordenanza.
La Gobernación sostiene que el objetivo es optimizar los recursos disponibles y permitir que una mayor proporción del presupuesto destinado a la emergencia pueda orientarse a las necesidades de las comunidades afectadas.
La propuesta abre además un debate sobre la necesidad de acelerar la contratación para atender la emergencia, sin dejar de lado los controles que deben acompañar el uso de recursos públicos, especialmente en un contexto de calamidad y contratación de carácter urgente.
Por ahora, la medida no está vigente y su aplicación dependerá de la decisión que adopte la Asamblea Departamental.