Cerca del 23 % de las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca también son víctimas del conflicto armado, según lo expuesto durante la segunda sesión del Consejo Territorial de Justicia Transicional.
Durante la jornada se revisaron los avances del Plan de Acción Territorial y de la Política Pública de Víctimas. De acuerdo con la información presentada por la Gobernación, pese a los ajustes generados por la emergencia sísmica, se proyecta alcanzar el 99 % de las metas establecidas.
Uno de los principales temas analizados fue la necesidad de establecer una atención diferencial para las personas que tienen la condición de víctimas del conflicto y que, además, resultaron afectadas por el terremoto. El objetivo es que esta población pueda ser incluida en las acciones contempladas dentro del proceso de recuperación y reconstrucción.
En la sesión participaron representantes de las víctimas, entidades del Gobierno Nacional, organismos de control y autoridades departamentales. Desde la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas se destacó el seguimiento a los compromisos y la articulación con la Administración departamental.
En el Valle del Cauca se estima que más de 600.000 personas son víctimas del conflicto armado. Los Consejos Territoriales de Justicia Transicional funcionan como espacios de articulación para la atención, asistencia y reparación integral de esta población.
El reto ahora es determinar cómo las medidas de reconstrucción posteriores al terremoto incorporarán las necesidades particulares de quienes ya habían sido afectados por el conflicto armado.