En diferentes municipios del Valle del Cauca avanzan investigaciones judiciales relacionadas con presunto tráfico de estupefacientes, posibles actividades de extorsión y un caso que involucra a una menor de edad.

En Caicedonia, diez personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento. Según la Fiscalía General de la Nación, los procesados serían presuntos integrantes de dos familias que harían parte del grupo delincuencial denominado ‘Los Sediciosos’.

La investigación señala que estarían relacionados con la comercialización de marihuana y bazuco en pequeñas cantidades en el barrio Obrero, actividad que se habría desarrollado entre noviembre de 2025 y el momento de las capturas.

Los diez procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de conocimiento les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En un segundo caso, José Enrique Valencia, alias ‘Cortico’, y Sonia Martínez Criollo fueron capturados en Villamaría, Caldas. Según la Fiscalía, Valencia sería un presunto coordinador de las finanzas del frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc en el Valle del Cauca.

La investigación indica que desde marzo de 2025 habría administrado y recolectado recursos provenientes de presuntas extorsiones en varios corregimientos de la zona rural de Palmira.

Sonia Martínez Criollo fue señalada de presuntamente obtener material de intendencia y medicamentos para integrantes de la estructura y entregar recursos provenientes de las extorsiones investigadas.

Ambos fueron imputados por el delito de concierto para delinquir. No aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Finalmente, en Guadalajara de Buga, un sacerdote identificado como Andrés Felipe Restrepo Obando fue judicializado por hechos que, según la Fiscalía, habrían ocurrido en noviembre de 2025 y que involucran a una menor de 13 años.

El religioso fue imputado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

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