La entidad solicitó información al municipio y a EMTULUÁ sobre la libre competencia, el manejo de los datos de los usuarios y la continuidad del servicio, cuyo contrato vigente tiene como fecha de terminación el 16 de enero de 2027.
La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia preventiva sobre el proceso de liquidación del contrato para la prestación del servicio público de aseo en Tuluá. El documento, fechado el 20 de octubre de 2026, plantea riesgos potenciales relacionados con la imparcialidad de las decisiones administrativas, la libre competencia y el manejo de información estratégica.
El contrato de concesión entre el municipio y la empresa que actualmente presta el servicio, Veolia Aseo Tuluá, tiene como fecha de terminación el 16 de enero de 2027. De acuerdo con el oficio, el contrato se suscribió el 16 de enero de 1997 por un periodo inicial de 20 años y fue prorrogado por diez años mediante una modificación realizada en 2016.
Uno de los aspectos señalados por la Procuraduría es que el municipio de Tuluá tiene una participación accionaria del 25 por ciento en Veolia Aseo Tuluá y, a la vez, ejerce control sobre EMTULUÁ E.S.P., cuyo objeto fue ampliado mediante el Acuerdo Municipal 05 de 2025 para incorporar la prestación del servicio público de aseo.
Según el organismo de control, esta concurrencia de funciones requiere evaluar posibles conflictos de interés, delimitar las competencias de las entidades involucradas y garantizar que las decisiones relacionadas con la liquidación del contrato estén sustentadas en criterios técnicos, jurídicos y financieros.
La advertencia también se refiere al acceso y uso de información relacionada con la operación de Veolia, incluidos documentos técnicos, financieros, comerciales y la base de datos de usuarios.
¿Qué ocurre con la información de los usuarios?
El oficio señala que la terminación del contrato no implica que los usuarios sean trasladados automáticamente a otro prestador. La elección del operador debe respetar el régimen de libre competencia y los procedimientos establecidos.
La Procuraduría también advierte que la transferencia o utilización del catastro de usuarios debe tener fundamento jurídico y cumplir las normas de protección de datos personales. Entre los riesgos que pide prevenir se encuentran las posibles ventajas competitivas indebidas y situaciones de doble facturación.
La entidad solicitó a EMTULUÁ información sobre la liquidación contractual, las matrices de riesgos, los informes financieros y técnicos, los estudios para una eventual prestación del servicio y los protocolos para el manejo de información.
Al municipio le pidió precisar el alcance de la intervención de EMTULUÁ en el proceso, las medidas para preservar la imparcialidad, el manejo del catastro de usuarios, la situación de los bienes municipales vinculados al servicio y el estado de las decisiones sobre su participación accionaria en Veolia.
También requirió el plan de transición para garantizar la prestación eficiente y continua del servicio a partir del 16 de enero de 2027, con medidas para informar a los usuarios sobre su derecho a elegir prestador y prevenir interrupciones o cobros duplicados.
La Procuraduría solicitó que el municipio y EMTULUÁ respondan dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación. El oficio tiene carácter preventivo: advierte riesgos que deben evaluarse, pero no constituye por sí mismo una declaración de que se hayan cometido irregularidades.