La Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su apoyo a la decisión de la Corte Constitucional que declaró insuficiente el aumento del 5.3% a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia 2024, establecido por el Gobierno nacional. Según el fallo, este incremento no es suficiente para garantizar una atención adecuada en el sistema de salud del país.
En calidad de delegada de los gobernadores ante la junta de la ADRES, Toro había advertido anteriormente sobre la falta de coherencia entre el aumento del 5.3% de la UPC y el incremento del 11% en los gastos relacionados con el talento humano en las instituciones de salud. La Gobernadora señaló que, si bien una parte importante del gasto en salud, aproximadamente el 65%, está destinada a personal sanitario, el incremento en la UPC no cubre estos nuevos gastos, lo que podría generar dificultades para la atención de los pacientes en el corto y mediano plazo.
«La UPC no es suficiente. Aumentar solo el 5.3% cuando el 65% del gasto se destina a talento humano, que ya recibió un ajuste del 11%, genera una contradicción y pone en riesgo la calidad del servicio que reciben los colombianos», destacó Toro.
La decisión de la Corte, que anula el ajuste propuesto por el Gobierno, abre la puerta a una revisión de los valores establecidos para la UPC. En este sentido, la Gobernadora pidió un aumento adicional, sugiriendo que el ajuste debería ser de al menos el 12% para garantizar que los recursos destinados a la salud sean suficientes para cubrir los costos operativos de las instituciones y asegurar la calidad en la atención.
Este respaldo a la Corte se enmarca dentro de una creciente preocupación por el estado del sistema de salud en el país, donde diversos actores, incluidos gobernadores y expertos en salud, han señalado que los recursos asignados no corresponden a las necesidades reales del sector. El análisis de esta situación también refleja un reto estructural en el sistema de salud colombiano, donde los ajustes presupuestales no siempre son proporcionales al crecimiento de los costos operativos y las demandas del servicio.
Por otro lado, se destaca que el ajuste en la UPC no solo impacta a las instituciones de salud, sino también a los pacientes, quienes podrían experimentar un deterioro en la calidad de los servicios médicos si los recursos no se ajustan adecuadamente. De ahí que la Gobernadora Toro insista en que es urgente corregir la dirección de las políticas de financiación para evitar una crisis en el sistema de salud pública.