Tras la liberación de Lyan Hortúa, el niño de 11 años que permaneció 18 días en poder de un grupo armado ilegal, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con la judicialización de los responsables del secuestro. La recuperación del menor se logró en la tarde del pasado miércoles gracias a la intermediación de una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo, en el sector rural de La Libertad, zona alta de Jamundí.
Según informó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, la prioridad institucional fue siempre garantizar el retorno seguro del menor a su hogar. “Lo más importante es que el niño ya está con su familia, donde nunca debió haber sido separado. Esta era nuestra prioridad y hoy podemos decir que se cumplió”, señaló.
Sin embargo, la operación no se detiene con la liberación. El alto oficial confirmó que la Policía y la Fiscalía General de la Nación ya tienen avances significativos en la investigación, con al menos tres órdenes de captura emitidas contra integrantes del frente Jaime Martínez, grupo disidente de las FARC implicado en el secuestro.
“La línea investigativa ha permitido identificar tanto a quienes ordenaron el secuestro como a quienes lo materializaron. Ahora el trabajo conjunto con la Fiscalía nos permitirá capturarlos y llevarlos ante la justicia”, explicó Oviedo. “El proceso continúa. No descansaremos hasta que respondan por este delito”.
Tras ser entregado, el menor fue trasladado a Cali, donde recibió atención médica para evaluar su estado de salud, y posteriormente fue reunido con su madre y demás familiares.
Este caso, que ha causado profundo rechazo en la comunidad, vuelve a poner en evidencia el accionar de grupos armados ilegales en zonas rurales del Valle del Cauca. Las autoridades reiteraron que seguirán reforzando su presencia y capacidad de respuesta en territorios afectados por estas estructuras criminales.
La Policía Nacional destacó la importancia del trabajo articulado con organismos humanitarios y la Fiscalía para garantizar no solo la protección de la vida, sino también la lucha contra el secuestro, un delito que sigue afectando a comunidades vulnerables en el país.