En desarrollo de acciones investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y cuerpos especializados de la Policía Judicial, se registraron en las últimas horas varios hechos de relevancia judicial en diferentes municipios del departamento. Las autoridades avanzan en la verificación de móviles, individualización de responsables y medidas penales contra presuntos implicados en actividades ilícitas.
En zona rural del corregimiento El Guayabo, jurisdicción del municipio de Bugalagrande, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron inspección técnica al cadáver de Brayan Leandro Tascón González, de 30 años, quien presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego. El cuerpo fue hallado en inmediaciones del barrio El Edén. Por el momento, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los móviles del crimen y los posibles autores materiales, son objeto de indagación por parte de la Fiscalía.
De manera paralela, en el municipio de Zarzal, específicamente en el barrio Guadualito, investigadores del CTI practicaron diligencia técnica al cadáver de Leiner Valencia Correra, de 23 años, también víctima de ataque con arma de fuego. Las autoridades mantienen en reserva los detalles de la investigación y no descartan la vinculación del hecho con disputas entre estructuras delictivas de la zona.
En un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y unidades del Gaula de la Policía Nacional, fueron capturadas en flagrancia Ruth Mery Mejía, alias Mazorca, y Kelly Tatiana Muñoz Mejía, alias La Tati. La diligencia se llevó a cabo el pasado 14 de junio en una vivienda del barrio Pampalinda, en Buenaventura.
Durante el registro y allanamiento, las autoridades hallaron una granada de 40 milímetros de fabricación nacional (Indumil), cordón detonante para explosivos, un proveedor con munición para arma corta, seis panfletos con contenido alusivo a las disidencias de las FARC y un morral camuflado de uso táctico militar. Las indiciadas fueron judicializadas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
En un contundente golpe contra el patrimonio ilícito de funcionarios públicos y particulares vinculados a un presunto entramado de corrupción, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes, avaluados en más de 2.900 millones de pesos.
Los bienes, localizados en Cali, Buenaventura, Buga (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío), incluyen inmuebles urbanos, parqueaderos, depósitos, apartamentos, vehículos automotores y motocicletas, que habrían sido adquiridos con dineros públicos desviados entre 2013 y 2025, originalmente destinados al fortalecimiento del cuerpo de bomberos de Buenaventura.
Entre los implicados figura el exalcalde Eliécer Arboleda Torres, junto a otros exservidores públicos y particulares, quienes ya fueron judicializados por peculado por apropiación y prevaricato por acción.
La Fiscalía reitera su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, en defensa del patrimonio público y la seguridad de la ciudadanía. Esta información se divulga por motivos de interés general.