El Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dio a conocer la desarticulación de una estructura ilegal dedicada al desvío de combustible a gran escala para abastecer a las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.
El Mayor General Royer Gómez Herrera, Jefe de Operaciones del Ejército Nacional, informó que la red operaba a través de estaciones de servicio en los municipios de Jamundí (Valle del Cauca) y Morales (Cauca). Estas gasolineras, presuntamente vinculadas con el grupo armado ilegal, obtenían y desviaban hidrocarburos que eran utilizados tanto para el procesamiento de estupefacientes como para garantizar la movilidad de los integrantes de esta estructura.
Durante las diligencias de allanamiento y registro, las autoridades capturaron a tres personas señaladas de ser los propietarios y administradores de las estaciones involucradas, a quienes se les imputan cargos por concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica, enriquecimiento ilícito y porte ilegal de armas. Además, se incautaron diversos elementos, entre ellos un camión cisterna, un vehículo campero, armas de fuego, dispositivos electrónicos, documentación financiera y cerca de 150 millones de pesos en efectivo.
Las investigaciones revelaron que, entre 2022 y 2024, la organización logró comercializar volúmenes de combustible que superan considerablemente el consumo esperado en zonas con poca población, lo que despertó las sospechas que llevaron a las operaciones conjuntas. Según los reportes, las dos estaciones en Jamundí adquirieron más de un millón de galones de combustible, pese a que la población local no supera los 800 habitantes, mientras que la estación en Morales registró compras similares en una zona rural con alrededor de 600 residentes.
El General Gómez Herrera destacó la importancia de la cooperación interinstitucional para enfrentar este tipo de estructuras ilegales y señaló la necesidad de que la ciudadanía aporte información que permita continuar con la lucha contra el crimen organizado. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de denuncia para fortalecer la seguridad y promover la legalidad en la región.