En desarrollo de las investigaciones adelantadas contra las estructuras armadas ilegales con injerencia en Valle del Cauca y Cauca, las autoridades lograron un nuevo golpe al aparato logístico de la disidencia conocida como la columna Jaime Martínez.
El rastreo realizado por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del CTI y el Ejército Nacional, permitió identificar y capturar a tres personas señaladas de abastecer a este grupo armado residual con grandes volúmenes de combustible. Las capturas se llevaron a cabo en diligencias simultáneas en Cali, Popayán y Morales (Cauca).
Los detenidos son Dairo Segura Díaz, representante legal de dos estaciones de servicio en Jamundí; Faber Gabriel Noguera Castillo, propietario de una gasolinera en zona rural de Morales; y Cris Johanna Madroñero Guzmán, quien estaría a cargo del componente financiero de la operación ilegal. Según el material probatorio, la red habría desviado más de dos millones de galones de gasolina y ACPM entre 2022 y 2024, mediante la falsificación de documentos oficiales y maniobras administrativas.
El combustible, adquirido en volúmenes que exceden ampliamente el consumo promedio de las zonas donde operaban las estaciones, habría sido utilizado en el procesamiento de estupefacientes, la minería ilegal y la logística de transporte del grupo armado. Llamó la atención de las autoridades que dos de estas estaciones, ubicadas en Jamundí y separadas por menos de un kilómetro, registraran compras por más de 18.000 millones de pesos en hidrocarburos, en una zona con menos de mil habitantes.
Durante los operativos fueron incautados 150 millones de pesos en efectivo, un camión cisterna, un arma de fuego, computadores, celulares y documentos contables que soportarían el presunto esquema de desvío y comercialización ilegal de combustible.
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías y enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito y porte ilegal de armas. Ninguno aceptó los cargos, y por orden judicial deberán permanecer bajo medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades continúan con las labores investigativas para establecer posibles ramificaciones del caso, incluyendo vínculos con redes criminales y empresas fachada en la región.