La intervención realizada en el Parque de Bolívar ha generado controversia entre la comunidad local y autoridades, debido a supuestas irregularidades y la amenaza al valor patrimonial del sitio histórico. Habitantes y defensores del patrimonio cultural del municipio han expresado su rechazo a las modificaciones, que consideran atentatorias contra la identidad local.
Germán Escobar Berón, habitante de Bugalagrande y vocero del movimiento ciudadano en defensa del patrimonio biocultural, señaló que “el parque de Bolívar viene protegido desde el año 2000, por el Acuerdo 036 del Consejo Municipal, como patrimonio arquitectónico urbano, histórico, cultural y ambiental.” Escobar explicó que, según la ley nacional de Cultura, “todo lo declarado en los planes de ordenamiento territorial pasa a ser Bien de Interés Cultural, y el parque está protegido bajo esta figura a nivel municipal”.
El líder comunitario añadió que “lo que han hecho aquí es violar el esquema de ordenamiento territorial del municipio, que es ley para todos y debe ser respetado por las administraciones.” La preocupación radica en que la modernización propuesta, que incluye la construcción de casetas comerciales, “uniformiza los parques y destruye la identidad única que cada uno posee, además de privatizar y mercantilizar un espacio público.”
La situación se agravó al conocer que “las casetas ahora deben pagar servicios y arriendo, algo imposible para muchos vendedores que tradicionalmente ocupaban un espacio temporal y pasajero, mientras el parque quedaba abierto para toda la comunidad.” Escobar expresó que “no estamos en contra de los vendedores, pero sí de la privatización del parque, que es patrimonio de todos los bugalagrandeños.”
El movimiento ciudadano insiste en la necesidad de que “se cree un comité para la elaboración de un plan especial de manejo del patrimonio del parque, que permita una participación real y una discusión honesta sobre el futuro de este espacio.” La comunidad también denunció que las autoridades locales no han atendido sus peticiones de diálogo, lo que ha generado tensiones y reclamos legales.
Por último, Escobar subrayó que “lo que queremos es justicia ambiental, que se respeten las leyes y normas, y que el desarrollo en Bugalagrande sea incluyente y sostenible, pensando en la identidad y el bienestar de todos sus habitantes.”