Bugalagrande. La situación de los vendedores informales en el Parque de Bolívar ha generado inquietud en la comunidad, especialmente tras la implementación de nuevas medidas que exigen el pago de arriendo y servicios públicos por el uso del espacio. Entre ellos, Fabiola Márquez Guevara, quien lleva casi tres décadas vendiendo cholados, expone las dificultades que esta realidad representa para su sustento.
“Llevo 28 años trabajando aquí y ahora me dicen que debo pagar arriendo, cuando ya soy prácticamente parte del parque”, afirmó Fabiola, destacando la carga económica que esto implica para ella y sus compañeros. Sobre los costos adicionales, agregó: “Nos toca pagar aseo, alumbrado público, son como 125 mil pesos mensuales, pero muchos no venden lo suficiente para cubrir esos gastos”.
La incertidumbre también crece ante la orden judicial que obliga a desmontar las casetas instaladas en el parque. “No sabemos si nos van a devolver los puestos donde estábamos, pero muchos han tenido que vender sus carritos o desarmarlos porque no caben en los nuevos espacios”, explicó la vendedora, quien añadió que tuvo que “desbaratar el carro para meter una plancha, y comprar uno nuevo cuesta cerca de cinco millones de pesos”.
Esta situación evidencia la tensión entre las políticas públicas para ordenar el espacio público y la realidad económica de quienes dependen de este para vivir. Mientras tanto, la comunidad espera soluciones que equilibren la preservación del patrimonio cultural y ambiental con el derecho al trabajo y la inclusión social.