Las autoridades judiciales del Valle del Cauca avanzan en el esclarecimiento de varios hechos delictivos registrados en Buenaventura y Cali, relacionados con violencia intrafamiliar y hurto violento, que dejaron como resultado personas privadas de la libertad.
En Buenaventura, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de agredir de manera reiterada a su compañera sentimental. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se habrían presentado en distintos momentos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, periodo durante el cual la víctima habría sido sometida a un ciclo constante de violencia física, verbal y psicológica.
Según el proceso judicial, en uno de los episodios el presunto agresor habría llegado en estado de embriaguez a la vivienda que compartía con la mujer, situación que la obligó a abandonar el lugar. Meses después, el hombre habría llegado a la nueva residencia de la víctima, donde la amenazó y causó daños al inmueble. El imputado no aceptó los cargos por violencia intrafamiliar agravada y fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en cumplimiento de una orden judicial.
Entre tanto, en Cali, un juez envió a la cárcel a un presunto implicado en un hurto violento ocurrido en el oriente de la ciudad. Los hechos se registraron en el barrio Alfonso López, donde varios sujetos que se movilizaban en motocicletas intimidaron con arma de fuego a una pareja, despojándola de dinero, joyas y otros elementos de valor, además de causar lesiones a una de las víctimas.
Las labores de policía judicial permitieron identificar a uno de los presuntos responsables, quien fue capturado por unidades de la Sijín de la Policía Nacional y judicializado por el delito de hurto calificado y agravado. Por estos mismos hechos, otro implicado ya había sido judicializado con anterioridad.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia o delito que afecte la seguridad y la convivencia, con el fin de fortalecer las acciones judiciales y prevenir nuevas conductas delictivas en la región.