La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha resaltado la importancia de crear una estrategia integral para combatir el delito de la extorsión en el departamento, enfatizando la necesidad de la colaboración de todos los sectores involucrados en la seguridad. En un reciente anuncio, Toro destacó la creación de un programa piloto que implicará a los alcaldes y las fuerzas de seguridad de la región.
La gobernadora subrayó que este esfuerzo no solo tiene como objetivo prevenir y sancionar el crimen organizado, sino también diseñar una ruta eficaz para erradicar las acciones ilegales que perpetúan las bandas extorsionadoras. «Es necesario articular todos los sectores para construir una ruta con los alcaldes, con ellos seis que es el piloto, y construir una ruta antiextorsión. Es decir, buscar todos los mecanismos para prevenir y sancionar el delito de la extorsión, y sobre todo todas esas acciones ilegales que cometen las bandas relacionadas con esa extorsión», comentó Toro.
Un aspecto clave que la gobernadora mencionó es la urgencia de crear un proyecto de ley que permita poner freno a las plataformas de pago y la venta de tarjetas SIM sin control. Según Toro, estas herramientas son utilizadas frecuentemente por los extorsionadores, lo que dificulta su identificación y captura. «Venimos hablando desde hace rato con la ministra y es primero. Hay que regular las plataformas de pago, porque cualquiera paga y ni se sabe quién pagó. Segundo, la SIM card: cualquiera compra una SIM card y nadie se da cuenta de dónde llamaron, de allí es que extorsionan y llaman para amenazar», afirmó la gobernadora.
Asimismo, Toro resaltó la importancia de mejorar el proceso de denuncia de extorsiones, con el fin de reducir el miedo que sienten las víctimas de ser identificadas por los delincuentes. «Es fundamental que las personas no tengan que denunciar para que le puedan investigar una extorsión, sino que sea de oficio. Hoy las personas que extorsionan les da miedo denunciar, aunque sea de manera anónima. Es muy difícil porque de todas maneras tienen que ir a denunciar», añadió.
Finalmente, la gobernadora enfatizó que las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y otros actores clave estarán involucrados en la implementación de este plan piloto. «Los alcaldes van a estar allí, va a estar el IMPAC, va a estar la Fiscalía, va a estar la fuerza pública. Así se puede construir una ruta efectiva y mirar cómo nos funciona», concluyó Toro.
Con este enfoque, la gobernadora Toro tiene como objetivo no solo reducir la extorsión, sino también restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad.