En un esfuerzo conjunto por enfrentar el creciente problema de la extorsión en el Valle del Cauca, los alcaldes de varios municipios de la región han expresado su apoyo a la implementación de un plan piloto liderado por la Gobernación del Valle y el Ministerio de Justicia. Este plan se pondrá en marcha en los municipios de Tuluá, Andalucía, Riofrío, Bugalagrande y Trujillo.
osé Luis Duque Castaño, alcalde de Trujillo, destacó que la propuesta será llevada a cabo con la colaboración de todos los entes territoriales de seguridad. Según Duque, la iniciativa tiene el potencial de generar un impacto positivo no solo en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional. “Es una propuesta que se hace con todos los entes territoriales de seguridad, una propuesta que tendrá un impacto positivo en el país. Las expectativas son que podamos extender la seguridad a esta región tan próspera”, afirmó el alcalde.
Por su parte, Viviana Mena, alcaldesa de Riofrío, hizo énfasis en los efectos negativos que la extorsión ha tenido sobre las actividades económicas en varias partes del departamento. “La extorsión es un flagelo que ha afectado a diversas actividades económicas en algunos municipios, por no decir en todo el departamento del Valle del Cauca. Esperamos que la articulación entre el Gobierno Nacional, el Departamental y los territorios logre finalmente acciones contundentes contra este delito”, comentó Mena.
Carlos Tascón, secretario de Seguridad de Bugalagrande, añadió que la implementación de políticas públicas dirigidas a la prevención del delito es clave para fortalecer la seguridad en las comunidades afectadas. “El desarrollo de políticas públicas en el territorio ayuda a fortalecer la prevención del delito en comunidades que han sido afectadas por la extorsión. Además, genera un acercamiento con la comunidad, lo que fomenta la credibilidad en el funcionamiento del Estado en materia de seguridad y fuerza pública”, señaló Tascón.
Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá, también se refirió a la problemática persistente de la extorsión, haciendo alusión a las videollamadas amenazantes que los comerciantes han seguido recibiendo desde las cárceles. “Los comerciantes siguen recibiendo videollamadas desde las cárceles por parte de actores delincuenciales que lideran estructuras criminales. El Inpec está al tanto de esta situación y también se ha manifestado a la Fiscalía, como se ha discutido en los consejos de seguridad”, explicó Vélez.
Además del plan piloto, se contempla la creación de un proyecto de ley con el objetivo de regular las plataformas digitales de pago y la venta de tarjetas SIM, herramientas frecuentemente utilizadas en actividades delictivas, como la extorsión. Esta legislación buscará reforzar el control y la identificación de los responsables de estos crímenes.
Con el respaldo unánime de los alcaldes y el compromiso de los entes de seguridad, este plan piloto y el proyecto de ley pretenden ofrecer soluciones concretas ante la creciente preocupación por la extorsión, que sigue afectando la seguridad y la estabilidad económica del Valle del Cauca.